El proyecto de la administración Petro para optimizar la conectividad aérea de las zonas más apartadas del país no ha despegado. La modernización de los cuatro Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) que la Aeronáutica Civil priorizó, de un total de 14, registra un pobre avance: ninguna de las obras alcanza el 20%, aunque ya se gastó más del 60% del presupuesto.
A pesar de que el plazo de entrega previsto era mayo de 2025, las terminales de Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (ambas en Vichada) no estarán listas antes del inicio del nuevo gobierno. Con un agravante: no es claro en qué se han gastado los 214.000 millones de pesos desembolsados por la Aerocivil, del total de 363.763 millones destinados para la intervención.
En este fracaso están involucradas tres instituciones del Estado: la Aeronáutica Civil, responsable del desarrollo de la aviación en el país; la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), encargada de la gerencia integral del megaproyecto en lo que respecta a suministro, proveeduría, transporte e interventoría; y el Ejército, que pone la ingeniería y buena parte de la mano de obra. Inicialmente se contempló también la intervención de los aeródromos de Barrancominas (Guainía) y Bajo Baudó (Chocó), pero se descartó por problemas presupuestales y legales.
Dos años y medio después del inicio de las obras, donde más se ha avanzado es en Cumaribo, que reporta un 18,4% de desarrollo. La Primavera va en 15,3%. Bahía Solano, donde la comunidad escuchó ilusionada al primer mandatario, alcanza apenas el 5,5%, y en Magüí Payán ni siquiera se han iniciado los trabajos.
Sin embargo, la Aerocivil reporta que ya entregó más del 60% del presupuesto total. En otras palabras, Enterritorio ya ha ejecutado 214.000 millones de pesos, que no se ven reflejados en materiales ni en infraestructura.
Los hallazgos en el contrato
Caracol Radio tuvo acceso a las actas de todas las reuniones del Comité Técnico-operativo del proyecto y a otros documentos que exponen las irregularidades que tienen en jaque esta promesa del Gobierno. Entre los hallazgos más graves se destacan la falta de materiales que los militares necesitan para ejecutar las obras, propuestas con sobrecostos, cuotas de intermediación del 4,9% + IVA que se le están entregando a los contratistas sin estar incluidas en el contrato, incumplimiento de operadores y errores de cálculo y planeación.
El 29 de abril de 2024 se registra el primer retardo de Enterritorio en lo que se refiere a cronogramas para la adjudicación de los contratos de entrega de materiales a cada uno de los aeródromos. El 23 de octubre de ese año, Enterritorio seguía sin entregar el informe del costo de los materiales para La Primavera y Cumaribo, y persistían los errores de cálculo para la adquisición de materiales destinados a Bahía Solano.
Otras actas reflejan incumplimientos de Enterritorio en la entrega de repuestos para la maquinaria en Cumaribo y La Primavera, así como en la puesta en marcha de la planta procesadora de asfalto en Bahía Solano, que hoy sigue en el papel. Los problemas en el suministro de materiales son persistentes a lo largo de la ejecución del proyecto, y a ellos se suman los retrasos en la contratación de personal civil.
El 22 de noviembre de 2025, el ingeniero Andrés Arboleda, secretario de Servicios Aeroportuarios, expresó la preocupación y la inconformidad de la Aerocivil con la gestión de Enterritorio. Para ese momento se había ejecutado el 55 por ciento de los recursos, mientras que el avance en obra era de apenas 3 por ciento.
Los incumplimientos de Enterritorio no solo quedaron consignados en las actas del Comité Técnico-operativo. Desde finales de 2023, el Comando de Ingenieros del Ejército ha remitido por lo menos 15 oficios a la Aerocivil para poner de presente las falencias en la contratación de personal, la entrega de materiales y la certificación de su calidad, así como las demoras en la recepción de las órdenes de pedido de los elementos que requieren para trabajar. El Ejército reporta que en el caso de Bahía Solano ni siquiera cuenta con todos los permisos ambientales que se requieren.
“Se solicita su apoyo y colaboración a la Aeronáutica Civil, para adoptar medidas y acciones administrativas con el fin de que la entidad Enterritorio, de manera eficiente, garantice la disponibilidad de los insumos, la contratación del personal técnico pendiente y la regularización de los procesos administrativos en curso, a fin de evitar mayores impactos negativos al cronograma del convenio”, se lee en una comunicación del 20 de mayo de este año.
Sobrecostos y llamativas cuotas de administración
El acta correspondiente a la reunión del 9 de julio de 2024 expone que el coordinador del grupo Asaes, Abel Torres, advirtió que, después de pactar un presupuesto de 363.000 millones de pesos, Enterritorio reclamaba 420.000 millones para cumplir con su obligación, es decir, 57.000 millones más. La Aerocivil finalmente declinó incrementar el valor del proyecto. La consecuencia fue la exclusión de los aeródromos de Barrancominas y Bajo Baudó.
Además, la Aeronáutica notó que los operadores contratados por Enterritorio pretendían cobrar cifras astronómicas por algunos productos. Por ejemplo, las estacas de madera pasaban de 1.000 pesos por unidad a 38.000. Las canastillas para pavimento, cuyo valor calculado por la Aerocivil es de 107.000 pesos, pretendían pasarse por 900.000, y una cortadora de pavimento que tiene un precio en el mercado de 7 millones de pesos querían cobrarla a 26 millones.
“Específicamente para el aeródromo de Bahía Solano, el doctor Abel Torres indicó que la bolsa (costo estimado de los repuestos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria y reparaciones menores) se encuentra 25 por ciento por encima de la elaborada por la Aerocivil”, se señala en el acta mencionada.
En esa misma terminal se detectaron inconsistencias en los valores de la pintura. Se había presupuestado un costo de 515 millones de pesos, pero Enterritorio la quería facturar por 718 millones, a partir de una medida distinta a la solicitada.
Adicional a esto, se encontraron diferencias que ascienden a 5.700 millones de pesos en el costo del material granular (grava, arenas y mezclas, entre otras). La Aeronáutica Civil estableció que los sobrecostos para desarrollar las obras en el aeródromo de Bahía Solano ascendían a 22.000 millones de pesos.
Estas inconsistencias fueron llevadas a mesas de trabajo para solucionarlas, pero persisten las sospechas de la Aerocivil sobre los costos que Enterritorio y sus contratistas están cobrando por los materiales y el traslado de estos hasta los aeródromos.
Según una fuente oficial de la Aerocivil, aunque en reiteradas ocasiones le han pedido a Enterritorio que explique detalladamente la composición de los costos y justifique el valor de la logística de traslado de los materiales, la empresa se ha negado a entregar esa información asegurando que sus contratistas no están en la obligación de detallar sus costos y que estos están respaldados por estudios de mercado y el interventor del contrato.
Los documentos conocidos por esta Unidad Investigativa revelan además la sorpresa de la Aerocivil por pagos realizados por Enterritorio que fueron alertados como indebidos y no acordados en el contrato, que se relacionan con una cuota de intermediación del 4,9% + IVA sobre lo facturado por bienes y servicios para los cuales no se definieron precios unitarios. Estos recursos, que supuestamente llegan a manos de los contratistas privados para compensarlos por las dificultades logísticas, no se acordaron en el contrato y superan ya los 4.200 millones de pesos.
Este cobro indebido se descubrió en junio de 2024 y se mantenido hasta la fecha, sin que la Aerocivil reciba aún una respuesta satisfactoria de Enterritorio sobre la justificación de este desembolso de recursos públicos.
“Enterritorio S.A. ha ofrecido diversas justificaciones sobre el origen y fundamento de esta cuota de intermediación, las cuales han variado con el tiempo, generando inconsistencias en su argumentación. En todo caso, dicha cuota debió presentarse y aprobarse por el Comité Técnico-operativo, lo cual no ocurrió”, se lee en uno de los documentos de la autoridad aeronáutica.
Una fuente de la Aerocivil criticó que mientras Enterritorio pide más recursos para poder cumplir con el objeto del contrato, paralelamente esté pagando valores multimillonarios no reconocidos dentro del contrato, sin claridad ni trazabilidad.
Enterritorio, el principal señalado por el estado del proyecto
Según la documentación oficial de la ejecución del contrato, el principal responsable de la crisis de este proyecto es Enterritorio, la entidad que reemplazó al cuestionado Fonade y que, en virtud de un convenio interadministrativo con la Aerocivil, realiza la gerencia integral del proyecto en lo que respecta a suministro, proveeduría, transporte e interventoría.
Esta institución cumplió con sus obligaciones hasta el 11 de marzo de 2024, cuando recibió el 50% del valor del contrato, 181.000 millones de pesos. Desde entonces ha fallado en lo que le corresponde en materia de materiales, logística y cronogramas. Además, contrató a un operador cuestionado, hoy señalado por no pagar sus obligaciones, incluyó productos que presentaban sobrecostos y está pagando dineros a terceros por fuera de lo acordado en el contrato.
Enterritorio es una empresa financiera adscrita al Ministerio de Hacienda, que hace parte del Grupo Bicentenario y que, por ser una sociedad de economía mixta, puede contratar de manera directa con entidades del Estado, mediante convenios interadministrativos. Su presidencia, ocupada actualmente por la abogada Esmeralda Molina, ha estado en interinidad desde febrero de 2025.
En conversación con esta Unidad Investigativa, la presidenta encargada admitió las demoras y señaló que el gran problema que ha enfrentado este proyecto proviene de su estructuración. En su criterio, la raíz de los problemas está en la forma como se estructuró el proyecto, porque si su empresa se hubiera encargado de todo, sin participación del Ejército, las cosas habrían fluido más.
Asegura que no hay demoras en la entrega de materiales y que, dentro de una operación muy compleja, su empresa y los operadores privados proveen los insumos en la medida en que los militares los van pidiendo. También expresó que las condiciones climáticas, logísticas y de orden público de las zonas de trabajo dificultan la operación, algo que está claro desde los estudios previos al contrato. Defendió a los contratistas seleccionados y dijo que son “maravillosos” y experimentados, por lo cual descartó sanciones en su contra por incumplimiento.
Caracol Radio le pidió conocer el valor de los dineros girados a los distintos contratistas y el porcentaje de cumplimiento que presentaban, pero se negó alegando razones de confidencialidad y seguridad.
Esmeralda Molina también fue enfática en que los dineros recibidos de la Aerocivil no han sido suficientes y que los plazos seguramente se verán modificados nuevamente. En otras palabras, este gobierno no entregará ninguno de los aeródromos prometidos. Si todo sale bien, el primer estaría listo apenas en diciembre de este año.
Sobre el delicado asunto del cobro de la cuota de intermediación del 4,9% + IVA que aparece en muchas facturas y que no fue contemplado en el contrato suscrito, Caracol Radio solicitó los soportes que justificaran ese recaudo. Enterritorio allegó documentos en los que citaba su manual de contratación, pero en ningún apartado especificó en qué parte del convenio con la Aerocivil se había pactado dicha cuota.
Los otros responsables
Por el lado del Ejército, las actas evidencian desorden y descoordinación en la entrega de las listas con los materiales que requieren para las obras. Pero su principal responsabilidad sería haber recomendado a Enterritorio, la empresa señalada, para esta tarea.
“En reunión con el ministro de Defensa Nacional y el comandante de la Brigada de Construcción del Ejército Nacional, (se) menciona que ellos han venido trabajando con Enterritorio como operador logístico y (que) cuentan con la experiencia para la intervención en este tipo de proyectos”, indica el documento de estudios previos al convenio interadministrativo.
Por otra parte, la Aerocivil fue la entidad que seleccionó a Enterritorio para manejar los recursos del megaproyecto y seleccionar a los contratistas. En su opinión, se trataba de una empresa estatal idónea para este tipo de proyectos, por ofrecer un sistema de contratación más ágil (a dedo) y una ejecución más rápida.
A pesar del escaso avance durante los dos años y medio de ejecución, y de la poca transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos, la autoridad aeronáutica ha prorrogado cuatro veces el convenio interadministrativo que firmó con Enterritorio. La última extensión se pactó en abril, cuando acordaron llevarlo hasta el 15 de agosto. En pocas palabras, el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo del problema.
La Aerocivil admitió que, a pesar de que más de 200.000 millones de pesos hoy no se ven invertido, no ha puesto en conocimiento de ninguna autoridad las graves irregularidades que ha detectado, porque todo se está “subsanando” mediante los mecanismos de supervisión e interventoría.
Operadores privados, bajo la lupa
La responsabilidad de Enterritorio también tiene que ver con la elección de los operadores que prestan servicios de interventoría, operación logística para el traslado de materiales, alimentación, materiales y otros suministros.
En los aeródromos de Cumaribo y La Primavera, la interventoría está a cargo del consorcio Aeropistas CPG; el transporte y la logística, inicialmente estaba a cargo de la Unión Temporal Corpoacar 2023 y ahora la maneja Ana Rita Espinosa Flórez; el servicio de alimentos fue adjudicado a la DU Brands; los materiales, a la Ferretería El Hidrante S.A., y el suministro de concreto está en manos de la UT Aero Vichada.
En Bahía Solano el interventor es el Consorcio Aero CAC; la logística para el transporte de combustibles, grasas, lubricantes y repuestos fue encomendada a la Organización Tiempos de Paz, y el servicio de alimentación lo presta la empresa Bon Sante S.A.S. Finalmente, en Magüí Payán el interventor de la obra es el Consorcio IRC. En materia de alimentación el contrato se dividió en dos: una parte para la Organización Tiempos de Paz y la otra, para la UT Operación Logística 4Group. Los acuerdos con estas empresas fueron firmados hace cerca de dos años, con los resultados ya expuestos.
Además, algunas de ellas generan dudas. Por ejemplo, la Organización Tiempos de Paz, beneficiada con contratos cercanos a los 4.000 millones de pesos, entrega refrigerios y alimentos en Bahía Solano, y al mismo tiempo se encarga de la logística, el transporte de combustible, repuestos y maquinaria, y el mantenimiento de laboratorios en las obras de los aeródromos de La Primavera y Cumaribo.
Con esa oferta tan amplia, esta fundación con sede en Cartagena tendría que ser una megaempresa con un amplio portafolio de servicios, pero las pruebas en poder de Caracol Radio evidencian que subcontrata sus obligaciones.
De hecho, Tiempos de Paz fue denunciada por la Personería de Bahía Solano, en cabeza de Carlos Mario Cardona, por no pagarle a la empresa local Ferremar Bahía, subcontratada para hacer tres viajes con maquinaria. De acuerdo con el afectado, Leopoldo Decroz, el operador le quedó debiendo 40 millones de pesos y no volvió a contestar el teléfono. Enterritorio asegura que este operador, como el resto de los contratados, es idóneo y con un objeto social que cumple lo requerido.
Excepto la ejecución de los recursos, la modernización de los Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) va a paso de tortuga. Una vez más, la figura del convenio interadministrativo permitió seleccionar a dedo a una entidad estatal (Enterritorio), que luego subcontrató con operadores privados. Así se obvia la elección del mejor proponente y se ponen en peligro cuantiosos recursos del tesoro público.
Hace nueve meses, el presidente Gustavo Petro dijo en Bahía Solano que había decidido que el Ejército llevara a cabo estas obras para que contratistas civiles no las dejaran tiradas.
Lamentablemente, es el propio Estado, y en particular el nuevo Fonade, el que vuelve a dejar en el aire a las comunidades más desprotegidas, muchas de las cuales dependen del transporte aéreo para subsistir y para seguir conectadas con el resto del país. Por lo pronto, los Asaes se suman a la lista de tareas pendientes que heredará quien gane las elecciones el próximo 21 de junio.
Fuente : Caracol Radio
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