Hasta 12.000 empleos están en juego y los gremios dicen que la reglamentación no concedió tiempo suficiente para adaptar los procesos
La entrada en vigencia de la Ley 2232 de 2022 tendrá un impacto de hasta $1,1 billones para la industria dedicada a la producción de los empaques y objetos que quedaron prohibidos desde este 7 de julio.
Esta es la estimación de Acoplásticos, gremio que acoge a las empresas del renglón y que además prevé que, al incluir las referencias que deben eliminarse hacia 2030, hay hasta 12.000 empleos en juego.
Paula Ocampo, vicepresidente de la agremiación, indicó que la reglamentación de la Ley, esa que indica cómo debe implementarse la norma en la industria productora de plásticos, apenas dio 10 días a un sector que tuvo que asimilar el cambio en poco tiempo.
“Para los que entra la prohibición en 2030 tienen el tiempo para una reconversión, tienen seis años para prepararse. Pero para quienes producen bolsas de un solo uso, no hubo suficiente tiempo. La Resolución 803 del MinAmbiente salió el 26 de junio, solo 10 días antes de que entrara en vigencia la prohibición”, dijo.
Y añadió que “los primeros dos meses de la entrada en vigencia van a ser muy complicados y habrá empresas que deberán parar producción, porque mientras se obtienen los certificados para entrar en las excepciones, por ejemplo con bolsas 100% de material reciclado, no se puede comercializar”.
Cadena afectada
Cristian Halaby, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, subrayó que pueden ser cerca de 6.500 las empresas que recibirán el choque de la reglamentación y enfatizó en que esta es una industria de pequeñas empresas.
“Los comerciantes van a ser los más afectados porque muchos utilizan la bolsa de precorte para empacar frutas y verduras y ellos todavía no saben con qué o cómo van a reemplazar esos empaques”, detalló el líder gremial, quien manifestó además que las alternativas a ese tipo de material generará una presión inicial para los consumidores finales.
Paula Ocampo coincidió en que la reconversión industrial tendrá un costo, especialmente porque los materiales biodegradables y compostables tienen valores más elevados. Pero hay una dificultad adicional: para tener los certificados se requieren pruebas en laboratorios internacionales, un servicio que debe pagarse en dólar.
“En lo que quisiéramos avanzar muy rápido es en otra reglamentación pendiente: el plan de reconversión industrial y adaptación laboral; es muy importante para esas empresas que no pueden aplicar esas alternativas, hay disposición de hacer una transición”, puntualizó.
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