El Gobierno publicó un borrador de resolución para evitar que Estados Unidos imponga nuevos aranceles, de hasta 12%, por falta de medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
El borrador establece criterios generales orientados a que los operadores de comercio exterior gestionen de manera autónoma los riesgos asociados al trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.
¿Cómo se llevará a cabo a las medidas propuestas por el ministerio de Comercio?
El mecanismo propuesto establece que esta cartera, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), atenderá la recepción, análisis y valoración de las denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones e información relacionada con posibles bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.
“La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio. La información recibida será gestionada con fines de prevención, análisis, debida diligencia y coordinación institucional, y será tenida en cuenta para la elaboración, actualización o revisión de los criterios e indicadores de riesgo previstos en la presente resolución, de conformidad con los criterios y estándares en ella establecidos, sin perjuicio de su traslado a las autoridades competentes cuando a ello hubiere lugar”, se lee en el borrador.
¿Por qué expedir esta resolución?
El Gobierno justifica este borrador de resolución señalando que la creciente integración de las cadenas globales de suministro “ha incrementado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y gestión de riesgos asociados a posibles vulneraciones de los derechos humanos en el desarrollo de actividades empresariales, particularmente frente a la utilización de trabajo forzoso u obligatorio en la producción y comercialización de bienes objeto de comercio internacional”.
Por ende, señaló que el Gobierno nacional expidió el Decreto 552 de 2026, mediante el cual se establecen lineamientos en materia de Empresas y Derechos Humanos para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, promoviendo la incorporación de medidas de coordinación institucional, debida diligencia y gestión del riesgo en el ejercicio de sus competencias.
Tomado de : Caracol.com
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