Es un hecho evidente que en el departamento del Caquetá existe un grave constreñimiento por parte de actores armados ilegales. Estas organizaciones vienen citando a presidentes de juntas de acción comunal, representantes de asociaciones y otros líderes sociales con el propósito de ejercer presión sobre las comunidades.
Esta es una realidad que no puede ocultarse ni minimizarse. Quien afirme lo contrario desconoce lo que está ocurriendo en varias regiones del departamento o simplemente no vive de cerca la situación que enfrentan los habitantes del Caquetá. El temor y la presión ejercidos por estos grupos ilegales se han convertido en una preocupación constante.
Lo que se necesita es una decisión clara, firme y contundente del Gobierno Nacional. Es indispensable que se ordene perseguir y combatir a las estructuras armadas. Lo que antes se traducía en multas, hoy se estaría convirtiendo en desplazamiento forzado y en una grave vulneración de la libertad democrática.
Dejar una contestacion