Nuevo impuesto para las empresas térmicas e hidráulicas le generaría un recaudo al Gobierno de $70.000 millones

Gran polémica se ha generado ante el nuevo impuesto que ordenó el Ministerio de Ambiente a las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y termoeléctrica para transferir el 2% adicional de las ventas brutas de energía por generación que realicen.

Sin embargo, esto genera gran impacto tributario para las compañías que están en este sector, ya que aparte de esta contribución nueva, el sector ya viene pagando otros impuestos.

“En el marco de la emergencia económica el Gobierno Nacional decretó varias cosas relacionado con el sector eléctrico hay dos impuestos generados que afectan. Primero es el impuesto al patrimonio que lo determinó en el 0,5, sobre el patrimonio de las empresas en el año 2025 y el segundo es un impuesto relacionado con la ley de transferencias relacionadas con el sistema nacional ambiental, donde los agentes hidráulicos y térmicos pasan del 4% y el 6%respectivamente al 6% y el 8%, es decir, 2 puntos porcentuales adicionales a lo que se ha venido pagando por esta contribución de ley 99”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

Ante esto el dirigente gremial reveló que con este impuesto el Gobierno recaudará cerca de $70.000 millones. 

“Desde el lado del impuesto ambiental el recaudo que nosotros estimamos para esta transferencia es del orden de los $70.000 millones, enfocado en las empresas de generación hidráulica y térmica que están en las cuencas de los diferentes departamentos Antioquia, Córdoba, Bolívar y Magdalena y Guajira”, mencionó Castañeda.

Y en lo que está relacionado con el impuesto al patrimonio en el sector de generación de energía eléctrica se recaudarían $260.000 millones. 

“Estamos hablando de tributos del orden de unos $330.000 millones que al final del día son mayores costos que pueden llegar a ser trasladados a los usuarios y van a ser castigados con posiblemente mayores efectos desde el punto de vista tarifario en el país”, resaltó.

El líder gremial mencionó que reconoce efectivamente que hay una emergencia desde el punto de vista de las lluvias que han generado problemas en varios departamentos, particularmente en el departamento de Córdoba, sin embargo, dijo que la Corte Constitucional va a tener que analizar muy bien cuál es la proporcionalidad de estos impuestos frente a la necesidad que se tiene de solucionarle los problemas a las personas afectadas.

“Hay que recordar que la Contraloría General de la Nación ya dijo que el sistema de riesgo nacional de atención de desastres tiene más o menos $2,6 billones en presupuesto de este año y lo del año pasado que no ejecutó, los cuales se pueden analizar y adicionalmente, los gobernadores también habían planteado la posibilidad de utilizar regalías para este fin, esto en el marco de generar la eficiencia tributaria”, agregó.

Aseveró que el Gobierno lo que busca es cargar a las mismas empresas que ya tienen unas cargas tributarias muy altas y adicionalmente se están poniendo impuestos o tasas adicionales en tributación desde el punto de vista de patrimonio a sectores como el minero energético, el petrolero que ya tienen unas cargas tan altas que están dejando de ser competitivos.

“Claramente impuestos como el patrimonio generan afectaciones desde el punto de vista de señales de inversión hacia adelante. Inversión en formación bruta de capital que es la más baja que tiene Colombia en los últimos años y con este impuesto al patrimonio, lo que estamos diciéndole a las empresas es no inviertan, no ponga su plata a invertir en nuestro país y obviamente vamos a tener problemas en el mediano y en el largo plazo”, resaltó el dirigente gremial.

Según el Gobierno se deberá realizar durante los próximos seis meses esta contribución por parte de las centrales que estén ubicadas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.  

Así quedó establecido en el proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que está a la espera de ser firmado por la Presidencia de la República y será evaluado por la Corte Constitucional.

“Esto, con el fin de atender la crisis generada por la alteración súbita, simultánea y extraordinaria de la dinámica hídrica en estas cuencas afectadas y la necesidad financiera de garantizar la implementación inmediata de medidas de gestión del riesgo y recuperación ambiental”, dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

De acuerdo con la información entregada por la cartera, los recursos recaudados a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de las jurisdicciones afectadas deberán ejecutarse exclusivamente para la implementación de medidas ambientales y de gestión del riesgo, con el fin de atender o mitigar los efectos de las lluvias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.

Para estos efectos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de los quince días siguientes a la expedición de este decreto, publicará los lineamientos técnicos que orientarán estos proyectos, con base en criterios de magnitud del daño, urgencia de intervención, impacto ecosistémico, integralidad de cuenca y equidad territorial.

Las CAR deberán estructurar los proyectos o intervenciones en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que brindará acompañamiento técnico para garantizar la trazabilidad y transparencia de estos recursos. Además, cuando la magnitud del daño así lo exija, las CAR deberán coordinar entre sí la estructuración y ejecución de proyectos interjurisdiccionales.

Cabe señalar que las transferencias del sector eléctrico, previstas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, no constituyen un impuesto a las generadoras de energía. Se trata de contribuciones a cargo de quienes hacen uso de los recursos naturales en su actividad económica, destinadas a retribuir a los territorios que asumen los costos ambientales de dicha explotación.