En la ya kilométrica lista de imputaciones a funcionarios del exalcalde de Medellín, y hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero, quizás los más sonados recientemente son Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, y Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad, acusados por supuestas anomalías en un contrato interadministrativo firmado el 29 de junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús.
Decisiones de la justicia contra funcionarios de Quintero
En primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias y a Jorge Enrique Liévano Ospina, que fuera gerente general de Metroparques.
Ambos estaban siendo investigados por ampliar, sin justificación alguna, un contrato cuyo objeto era la conservación de jardines de la ciudad. En sus comienzos, dicho contrato, suscrito por más de 5 mil 200 millones de pesos ($5.226.291.836) había sido firmado por tres meses, contados desde el 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021, pero fue extendido hasta el 10 de junio del 2021, alegando que la ampliación del plazo se había debido a las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para combatir los efectos del Covid-19.
No obstante, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que las condiciones en las que se modificó el contrato, que prorrogaron ese plazo, desconocieron principios de la función administrativa como son el de economía y el de eficacia.
Para decirlo en palabras de la Procuraduría: “la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante”. La calificación de la Procuraduría fue que su conducta es una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Frente a este y otros hechos que se han denunciado ante los entes de control, es mucho lo que falta por avanzar, sobre todo en el escenario de la Fiscalía. Sin embargo, uno de los nombres que figuran en dichas investigaciones, y que Caracol Radio pudo encontrar en diversos documentos y material probatorio, es el de Miguel Quintero, un nombre que, como dicen, ha pasado “de agache” para la opinión pública.
¿Quién es Miguel Quintero y por qué su nombre aparece en las investigaciones?
Miguel Quintero es el mayor de los tres hermanos Quintero (Miguel, Daniel y Juan David). Por supuesto, hermano del exalcalde de Medellín. Es abogado de la Universidad Luis Amigó, con especialización en contratación estatal de la Universidad de Medellín. Fue concejal de la ciudad por el Partido Verde, entre el 2012 y el 2015, donde se mostraba como un “outsider” de escasos recursos para hacer campaña, al punto de pedir monedas en una alcancía.
Miguel Quintero pasó luego a ser director de Monitoreo y Evaluación de Proyectos en la Gobernación de Antioquia, hasta 2016, durante el gobierno de Luis Pérez, quien fuera posteriormente aliado político y cercano de Daniel Quintero, porque en el famoso escándalo de Aguas Vivas el exgobernador fue propietario del cuestionado lote, que luego fue del municipio y después fue irregularmente devuelto a Pérez y a sus familiares, valiendo 1.700% más de su valor inicial. Costaba 2.700 millones y aprobaron pagar 40 mil millones de pesos por él.
Miguel, posteriormente, trabajó como gerente de Intrasoft S.A.S., una de las empresas que se usaron para certificar experiencia de varios funcionarios del gobierno Quintero, sin evidencia de que en efecto hubieran trabajado allí (no son propiamente generosos los comprobantes de pagos de seguridad social, ni nada por el estilo).
La pareja de Miguel Quintero es Leidi Johana Saldarriaga, quien trabajó en su unidad de apoyo mientras fue concejal, y quien ofrecía en la plataforma de Airbnb una lujosa casa y un apartamento en el Poblado.
La relación de Miguel Quintero con la campaña de su hermano, Daniel
Miguel se consolidó como una figura poderosa durante los cuatro años de gestión del hoy candidato presidencial, Daniel Quintero.
La campaña a la alcaldía de Daniel fue apoyada por el senador Carlos Andrés Trujillo, conservador de Itagüí salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. También lo respaldó Julián Bedoya, exsenador del partido Liberal que fue inhabilitado por falsificar su título profesional (el hombre de los exámenes exprés para convertirse en abogado). Y, como mencionamos antes, Luis Pérez, involucrado en el escándalo del lote de Aguas Vivas, y quien tuvo como cuota a Carlos Mario Montoya, hoy imputado también por la Fiscalía. Daniel Quintero, siempre rodeado por su hermano Miguel en estas lides políticas.
William Ortega, excongresista de Bello por Cambio Radical, y su hijo Sebastián Ortega, también son claves en el proceso y es importante mencionar a Sebastián, porque se la pasaba con Miguel Quintero en La Alpujarra. Eran inseparables.
Los dos Ortega están vinculados al cuestionado proceso de la “negociación” de la gerencia de Afinia, por 8 millones de dólares. Según testimonios que en su momento reveló la prensa de Medellín, esta “venta” se comenzó a fraguar el 5 de diciembre de 2020, en un tradicional club de Medellín, en donde se reunieron, entre otros, los señores William Ortega, su hijo Sebastián y Juan Andrés Biord (socio venezolano).
La idea era buscar urgentemente una persona que tuviera experiencia en temas de energía, con el fin de que ocupara el cargo de gerente de Afinia, con los multimillonarios beneficios que podrían derivarse de esta toma de la gerencia. De esta reunión surge el nombre de Javier Lastra Fuscaldo, quien fungió como liquidador especial de Electricaribe entre 2016 y 2018. Al respecto, el abogado Andrés Garzón, apoderado de Lastra, le respondió ayer al diario EL TIEMPO, diciendo que están a órdenes de la Fiscalía, para la investigación respectiva y que el nombramiento de Lastra no tuvo nada que ver con Daniel Quintero ni con ningún tema político. Porque le solicitaron su hoja de vida para ser parte del proceso de selección directamente de la firma cazataletos, Aristos Stanton Chase.
Ya con Daniel Quintero en el poder, fuentes consultadas por Caracol Radio confirman que su hermano Miguel era una voz acatada en la actividad y decisiones de, al menos, tres entidades: el Área Metropolitana, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques.
Según información que reposa en la Fiscalía, y que es objeto de un inexplicable letargo en la actividad de la entidad, el Área Metropolitana se manejaba a través de Juan David Palacio (director, amigo cercano a Miguel) y de Álvaro Villada (subdirector financiero, íntimo amigo de Miguel y actualmente imputado por corrupción y con procesos de extinción de dominio).
¿Contratos irregulares?
Se celebraron contratos interadministrativos para el “funcionamiento, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura física del Parque Metropolitano de las Aguas, y demás actividades logísticas y administrativas necesarias para garantizar su correcta operación”, entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, por un valor total de casi 17 mil quinientos millones de pesos. Todo ello con varios puntos que los entendidos señalan con comprensible inquietud.
Testigos le comentaron a Caracol Radio que no se habrían realizado los estudios de mercado pertinentes para establecer el valor de los bienes y servicios contratados. Habrían adelantado, además, procesos de modificación al manual de contratación de Metroparques, con el fin de ampliar a sus anchas el alcance y las funciones a desempeñar de la entidad.
Así, se celebraron contratos mediante desviación de poder y con la finalidad de beneficiar a terceros, esto es, las compañías JPINO S.A.S., Unosoluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S. por valor de $1.428.441.827, $1.313.977.441 y $48.483.419, respectivamente. Contratos que presentaron sobrecostos en los bienes y servicios. Se cuantificó un valor total del peculado estimado en alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, como consta en escrito de acusación de la Fiscalía.
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