La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), esto por las presuntas irregularidades que en materia disciplinaria se habrían presentado en el contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo de los privados de la libertad.
El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.
De acuerdo con la queja que está siendo investigada por el Ministerio Público, “el bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pagos irregulares de Prepacol por cerca de $1.500 millones, al parecer sin cumplir lo contratado, y conflictos de interés con la interventora”.
Por estos hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar a los supuestos responsables de las irregularidades que se habrían presentado.
También se verificará si existió manipulación de información y se definirá si se configuran como faltas disciplinarias.
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