En la conversación nacional sobre los ingresos de los servidores públicos, con frecuencia se olvida a quienes están en la primera línea de la democracia local: los concejales de los municipios más pequeños. Con la reciente aprobación del proyecto de ley (069 de 2023 Senado) que mejora sus honorarios y amplía sus sesiones, se hace justicia a más de 11 mil concejales que, hasta ahora, trabajaban en condiciones indignas para la responsabilidad que asumen.
Es difícil hablar de verdadera representación democrática cuando un concejal de sexta categoría no llega a ganar siquiera un salario mínimo después de descuentos. Son ellos quienes, en territorios olvidados por el Estado, enfrentan problemáticas complejas con presupuestos exiguos, gestionan soluciones para sus comunidades y sirven como el primer eslabón de control político en el nivel municipal.
Este proyecto de ley, que beneficiará a alrededor del 90% de los concejales del país en aproximadamente 900 municipios, entrará en vigor a partir de 2025. A partir de entonces, los concejales de quinta y sexta categoría recibirán 296.314 pesos por sesión, equiparando sus honorarios con los de la cuarta categoría. Además, se incrementará el número de sesiones ordinarias anuales de 70 a 80 y las extraordinarias de 20 a 40, fortaleciendo así la actividad legislativa local.
El aumento en sus honorarios no es un capricho ni una dádiva; es el reconocimiento de su papel fundamental en la gobernabilidad territorial. Además, el incremento en el número de sesiones fortalece la institucionalidad local, ampliando el margen de acción de estos cuerpos colegiados. Más sesiones significan más control, más debate y más oportunidades para que las comunidades sean escuchadas.
Sin embargo, una vez superado el trámite legislativo y la sanción presidencial, el desafío será garantizar la sostenibilidad fiscal de esta medida. Es necesario que el Gobierno nacional trabaje en una estrategia que garantice los recursos sin afectar la estabilidad financiera de los municipios. También se debe evaluar el impacto de la ley en la eficiencia y efectividad de los concejos municipales, asegurando que el aumento en sesiones se traduzca en un mayor beneficio para la ciudadanía.
Este es un paso en la dirección correcta para dignificar la política en los municipios más vulnerables del país. Apostarle a los concejales es apostarle a la democracia desde la base, y este avance representa un compromiso tangible con el fortalecimiento del poder local en Colombia.
Por Sonia Bernal, Senadora.
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