La Corte Constitucional declara constitucional, por decisión unánime, la Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, busca garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de los defensores ambientales, además del acceso a la información en temas ambientales en los países firmantes.
La Sala Plena de la Corte verificó que tanto la fase gubernamental previa como el proceso legislativo para la aprobación de esta ley cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley de Colombia.
La Corte concluyó que este se ajusta a la Constitución Política de Colombia, al promover la participación ciudadana y la creación de un entorno seguro para los defensores del medio ambiente.
El Acuerdo fue considerado acorde con varios artículos de la Constitución, que garantizan derechos fundamentales como la participación, la igualdad, y la protección del medio ambiente.
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